Inclusión laboral
El CERMI reclama a las Administraciones hacer mucho más por la inclusión de la discapacidad usando la RSC
08/10/2013
El CERMI pide a los poderes públicos y a las distintas Administraciones hacer mucho más por la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, usando para ello la responsabilidad social, hoy prácticamente inexistente en el sector público. Así, reclama un cambio normativo que debería orientarse a establecer como obligatoria la reserva de un mínimo del 6% de todos los contratos de las Administraciones Públicas en favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción.
En una jornada sobre responsabilidad social en el sector público, promovida conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el CERMI, el presidente de la plataforma de la discapacidad ha planteado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para avanzar más aceleradamente en inclusión laboral y social de este grupo ciudadano.
Para el CERMI, este cambio normativo debería orientarse a establecer como obligatoria, no potestativa de cada órgano contratante, como sucede ahora, la reserva de un mínimo del 6% de todos los contratos de las Administraciones Públicas en favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción.
Asimismo, la modificación legal impediría admitir a licitaciones públicas a empresas que estando obligadas a la reserva de empleo del 2% a favor de personas con discapacidad no acrediten su cumplimento. Se trataría, ha apuntado, de un requisito de admisibilidad a la contratación.
Finalmente, el CERMI ha solicitado la modificación de la Ley General de Subvenciones para excluir de cualquier ayuda pública a empresas que estando obligadas no cumplan la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad.
Capacidad de innovar
Por su parte, Fernando Riaño, director de Alianzas, Sinergias y RSC del Grupo Fundosa y CEOSA, afirmó que la administración pública tiene la capacidad de innovar para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad.
El responsable del grupo de empresas de Fundación ONCE apostó por la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y considera que es necesario premiar a quienes cumplen con la ley, en referencia a las empresas que cumplen con la normativa sobre contratación de personas con discapacidad.
En su intervención, Riaño aseguró que la administración tiene el reto de convertir el concepto de discapacidad como problema en oportunidad, y que tiene la capacidad de innovar para incluir.
La jornada fue inaugurada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien destacó que los contratos de trabajo realizados a personas con discapacidad se incrementaron en un 10,4% hasta el pasado mes de agosto en relación con el mismo periodo del año 2012.
Moreno reconoció que aunque estos datos de contratación son buenos, se deben en gran parte a la actividad de los centros especiales de empleo, por lo que afirmó que aún queda mucho por hacer, ya que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es aún 40 puntos inferior a la media.
Al término de la jornada tuvo lugar la entrega de diplomas a los 54 integrantes de la 1ª promoción de contratados en la Administración General del Estado con discapacidad intelectual, a cargo de Carmen Sánchez-Cortés, directora general de la Función Pública.